Algunas disertaciones del segundo día del Congreso

Guerra planteó una pregunta crítica: si el sistema judicial y asistencial conoce los resultados de sus intervenciones en la vida de niños y familias. Señaló que cerrar un expediente no equivale a resolver el conflicto ni permite, por sí solo, conocer los efectos de una decisión a mediano y largo plazo.

Su investigación comparó tres grupos: personas criadas con sus progenitores juntos; personas cuyos progenitores se separaron; y personas que atravesaron una ruptura injustificada del vínculo con uno de ellos. Diferenció expresamente esta última de las interrupciones de contacto justificadas por razones de protección, como violencia o riesgo.

Según lo expuesto, el grupo afectado por la ruptura injustificada presentó indicadores menos favorables de satisfacción vital, salud física y psíquica, recursos emocionales, apoyo afectivo y contacto significativo; también mayor exposición al conflicto y manifestaciones de malestar, entre ellas depresión, dificultades de rendimiento, rechazo social y abuso de sustancias. El expositor aclaró que el estudio no era representativo, aunque defendió la solidez de sus resultados.

Guerra agregó que el daño puede alcanzar a ambos progenitores y a la familia ampliada, afectar oportunidades educativas, laborales y sociales y proyectarse entre generaciones. Defendió intervenciones preventivas, acompañamiento sostenido, mediación y coordinación de parentalidad para reducir la escalada en litigios familiares de alta intensidad.

Desde su experiencia como juez de familia, Llorente describió causas de alta intensidad que, aunque constituyen una proporción menor de los expedientes, consumen tiempo y recursos institucionales: escritos reiterados, acuerdos incumplidos, audiencias sucesivas y decisiones que no estabilizan la vida familiar.

Presentó al coordinador como una figura que no sustituye al juez, sino que trabaja dentro del marco judicial para facilitar comunicación, organizar decisiones urgentes, monitorear pautas, prevenir nuevos agravios e informar a la autoridad. También destacó la conveniencia de “desjudicializar” ciertos aspectos cotidianos, evitando que niños y adolescentes deban reiteradamente expresar ante el juez si quieren o no ver a un progenitor.

Propuestas de regulación formuladas por el expositor:

• Formación específica y capacitación continua; estándares de actuación y funciones delimitadas.
• Reconocimiento institucional y articulación con jueces, abogados, salud mental, escuelas y familia ampliada.
• Cobertura efectiva mediante obras sociales o sistema público, para que el recurso no quede limitado por la capacidad económica.
• Posibilidad de intervención rápida dentro de parámetros judiciales, con deber de informar al juez y revisión por las partes.

Para Llorente, un marco normativo daría previsibilidad y jerarquía profesional a una práctica que describió como incipiente y sin alcance uniforme consolidado.

Matos describió la coordinación de parentalidad como una figura todavía poco conocida en Brasil, en un escenario de creciente judicialización de los conflictos familiares. Observó que la perspectiva adultocéntrica puede dejar insuficientemente consideradas las voces de niños y adolescentes; la participación, sostuvo, requiere incorporar sus necesidades y experiencias a las decisiones, no limitarse a una entrevista.

Entre las acciones de difusión mencionó publicaciones del Instituto Brasileño de Derecho de Familia, conferencias, libros y presentaciones ante representantes de tribunales. También refirió la creación de la Asociación Brasileña de Coordinadores de Parentalidad (APCOPA) y el impulso de una formación específica de 120 horas para profesionales previamente capacitados en mediación de conflictos. Según expuso, existen derivaciones en dos comarcas de San Pablo y en el Tribunal de Justicia de Goiás.

Gaya abordó familias que, tras separarse, quedan bloqueadas por la hostilidad o la falta de comunicación, aunque no necesariamente exista una situación que justifique apartar a los hijos de sus progenitores. La coordinación puede ayudar a que los adultos recuperen su función parental y continúen tomando decisiones como equipo parental, aunque ya no convivan.

Advirtió que servicios fragmentados pueden alinearse con uno de los progenitores y reproducir la polarización. La intervención coordinada busca ofrecer un espacio específico para conversar, organizarse y decidir en beneficio de los hijos.

Su conclusión práctica: una sentencia puede fijar pautas sin transformar la comunicación ni hacer sostenibles los acuerdos; el coordinador no decide por los progenitores, sino que los ayuda a recuperar la capacidad de decidir como padres.

Casals advirtió que el rechazo de un niño hacia un progenitor puede responder a causas distintas: resistencia justificada, ansiedad ante un reencuentro, dificultades de comunicación coparental, influencia de la red familiar, antecedentes traumáticos u otras circunstancias. Por ello propuso una evaluación contextual exhaustiva de la causa, el riesgo, la edad, la historia relacional y los recursos familiares.

Diferenció la coordinación de parentalidad de la terapia de revinculación, la mediación familiar clásica, la psicoterapia y la sustitución de la función judicial. La caracterizó como un conjunto de estrategias para reducir conflictividad, implementar planes de coparentalidad, mejorar la comunicación y resguardar el interés superior del niño.

También destacó el trabajo en red con escuela, salud, referentes comunitarios y sistema judicial, y la necesidad de formación interdisciplinaria en derecho de familia, psicología evolutiva, dinámica del conflicto, trauma, entrevista e informes para tribunales.

La presentación examinó la complementariedad entre coordinación de parentalidad y el curso psicoeducativo KIBIT, procedente del modelo alemán Kinder im Blick —traducido aproximadamente como “niños en foco”—, dirigido a madres y padres separados.

La síntesis disponible identifica el propósito general de fortalecer la autonomía parental y el bienestar infantil tras la separación, pero no ofrece más detalles metodológicos o resultados; por eso esta reseña se limita a ese alcance.

Peruneti describió la violencia económica como una forma silenciosa y progresiva de violencia de género, capaz de producir desposesión, dependencia y pérdida de autonomía sin dejar necesariamente marcas visibles. Vinculó el problema con la planificación patrimonial familiar, los regímenes patrimoniales mencionados en el Código Civil y Comercial y los efectos económicos de separaciones y divorcios.

Señaló una fragmentación institucional: separación o divorcio en familia; eventuales fraudes patrimoniales —por ejemplo, mediante fideicomisos u otros instrumentos— en el fuero civil y comercial; y posibles intervenciones penales por violencia económica. A su juicio, esa dispersión puede dificultar una respuesta rápida y eficaz.

Propuso concentrar una intervención integral en juzgados de familia, con protocolos tempranos, profesionales especializados, abogados formados y peritos contables con conocimientos en violencia económica y planificación patrimonial. Mencionó medidas cautelares, como inhibiciones o restricciones para disponer de bienes, y seguimiento posterior a la separación. Añadió que las consecuencias pueden afectar a los hijos en alimentos, condiciones de vida, acceso a recursos y estabilidad familiar.